De mi consideración:
Junto con saludarlo cordialmente, le escribo o envío esta carta para manifestar nuestra más honda preocupación e indignación por los hechos que pasamos a describir, y que dicen relación con la violencia y vulneración de los más sagrados derechos de los niños en Chile, por parte del SENAME y del sistema de protección infantil.
Más de 30 mil niños son maltratados por sus padres o por terceros y son atendidos por el SENAME. La pregunta: ¿cuántos de ellos son maltratados por la misma institución?
Señor Presidente, en un informe entregado a la Corte Suprema, en agosto de 2011, los magistrados Mónica Jeldres y Germán Núñez detectaron serios problemas en diversos centros de residencia del Servicio Nacional de Menores, SENAME.
Los jueces denuncian, entre otros, la existencia en los hogares del SENAME de la Región Metropolitana y Valparaíso casos de:
- Abusos de menores.
- Deficiente infraestructura.
- Escasas medidas de seguridad.
- Mala alimentación.
- Personal insuficiente.
- Mezcla de adolescentes infractores con vulnerados.
Uno de ellos es del Hogar de Niñas María Goretti, de Valparaíso, en el cual se recomendó su cierre, tras deficiencias en la calefacción y en la falta de intimidad del espacio, completamente interconectado.
El centro Cread de Playa Ancha fue otro de los cuestionados, porque alberga a menores vulnerados con otros que han cometido delitos, incluso de diferentes edades.
En la residencia Don Bosco, en Macul, se verificó un escape de gas y se señaló un mal servicio de alimentación.
Finalmente, en Aldeas Infantiles SOS Madreselva, en Macul, se sugirió el cerré del lugar debido a que no hay un plan preventivo de drogas y enfermedades venéreas de sus residentes.
Este fenómeno es generalizado: en junio de 2011 se conoció el caso del hogar de menores de Coyhaique, financiado por el SENAME, y administrado por la Obra Don Guanella, de la Iglesia Católica, donde los niños fueron violados y violentados por sacerdotes y funcionarios del hogar. Para el año 2006, el hogar recibía del Estado más de 178 mil pesos mensuales por interno acogido. Eran 55, o sea, 118 millones de pesos anuales para asegurar que estos niños estuvieran bien.
En un oficio fechado el 19 de mayo del 2005 se constatan los siguientes diagnósticos iniciales detectados:
L.I.I.C. (12 años). Presenta juegos sexuales hacia otros compañeros, incluyendo en su práctica a animales.
J.L.A.T. (7 años). Presenta masturbación reiterada y juegos sexualizados a otros compañeros.
C.A.B.B. (13 años). No presenta conductas sexualizadas. Sin embargo, devela hace algún tiempo haber sido abusado sexualmente.
A.R.S.D (11 años). Presenta conductas sexualizadas hacia otros internos, desplazando su sexualidad hacia animales.
Pese a eso, señor Presidente, las carpetas fueron ignoradas y la investigación judicial comenzó muy tarde.
El año 2010, en un centro cerrado del SENAME, la joven C.V.A. de 17 años fue hallada con VIH y sífilis. Entonces, la menor fue derivada a otro centro similar en Pudahuel, ya que no existía un lugar más adecuado para tratar su adicción, las secuelas de las violaciones de sus parientes.
La misma jueza Jeldres acusó también el 2010 que en otro centro de protección de la red del SENAME, Coanil, la menor G.G.G. fue hallada amarrada a una silla y las fotografías se filtraron a los medios de comunicación.
En octubre de 2010 salió a la luz las violaciones, prostitución infantil, estupro y abusos cometidos por 8 funcionarios del Hogar Capullo de Chiguayante, Octava Región, sobre niños de hasta 6 años. Incluso se coludieron con dos taxistas locales para cometer los delitos en un circuito ilegal de prostitución por la zona. Y si bien hubo condenas de hasta 15 años de cárcel, nadie pudo prevenir los delitos, en un lugar que pretende ofrecer protección y rehabilitación de los niños.
Ya en junio de 2006 se informó que la Fiscalía Sur de Santiago investigaba siete denuncias por delitos de estupro, violación y abusos deshonestos en la fundación Mi Casa. La vocera de la Fiscalía Sur, Andrea Coppa, manifestó que los responsables serían “distintas clases de personas vinculadas, algunos cuidadores y otros monitores”.
